El pasado viernes, 22 de noviembre, Pedro Sánchez aprobaba un Real Decreto-ley 17/2019 en el que se adoptan diversas medidas orientadas a impulsar las energías renovables y dar respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación.
Sin duda, se trata de una iniciativa para frenar la emergencia climática y favorecer a la transición hacia un modelo energético neutro en emisiones. En definitiva, el nuevo Real Decreto-ley fija el valor de la rentabilidad razonable que se aplicará a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos en el próximo período regulatorio (2020-2025). La rentabilidad teórica, en los próximos seis años, será de 7,09% mientras que en la actualidad es del 7,398%.
Las instalaciones fotovoltaicas ya son una realidad
La apuesta de España por un modelo más sostenible energéticamente ya es un hecho. Siguiendo las propuestas realizadas por la Comisión Nacional de los MErcados y la Competencia (CNMC), se actualiza el valor de la rentabilidad razonable que se aplicará a las instalaciones de energías renovables, cogeneración y residuos en el próximo período regulatorio (2020-2025). La rentabilidad teórica, en los próximos seis años, será de 7,09% mientras que en la actualidad es del 7.398%.
El nuevo Real Decreto también actualiza la tasa de retribución financiera de la producción de energía eléctrica con retribución adicional en los territorios no peninsulares (TNP). Entre 2020 y 2025, será del 5,58, frente al 6,503 de años anteriores. Esta medida supondrá una reducción de los costes en la factura de la luz, tanto para los consumidores como para los Presupuesto Generales del Estado.
La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado que el objetivo de esta normativa es «dar estabilidad, predictibilidad a los inversores y recuperar la confianza de aquellos que se sintieron traicionados en 2013 cuando cambiaron las premisas». Además, esto supondrá un ahorro para el consumidor de electricidad, dado que estas retribuciones se financian a través de los peajes y cargos que figuran en el recibo de la luz.
¿Qué pasará con las instalaciones renovables afectadas por el RDL 9/2013?
El Real Decreto-ley 9/2013 modifica el régimen jurídico y económico de las instalaciones de energía eléctrica a partir de fuentes e energía renovables, cogeneración y residuos. Este cambio ha provocado un elevado número de litigios a los que está haciendo frente el Estado. España ya cuenta con 15 litigios cerrados: dos los ha ganado el Estado, uno de cerró por desistimiento del demandante y en doce se han impuesto las compañías o fondos de inversión extranjeros, provocando que nuestro país acumulase en indemnizaciones unos 823 millones de euros y 25,5 millones más en concepto de costes jurídicos contratados por los demandantes.
Con la llegada del RDL 17/2019, se fija un marco retributivo estable para que las instalaciones renovables afectadas por el recorte del Real Decreto 9/2013 puedan tener una rentabilidad del 7,39% hasta 2031. Aunque eso sí, los inversores deberán renunciar a presentar demandas judiciales para reclamar indemnizaciones por los recortes, o en caso detener una demanda judicial interpuesta deberán ponerle fin. Para aquellos que quieran seguir adelante con la demanda, tienen la opción de quedarse con la nueva retribución de 7,1% sólo hasta 2025 y mantener la opción de reclamar compensaciones.
¿Supondrá una subida en la factura de la luz?
La respuesta es no. Desde que saliese publicada la noticia en el Boletín Oficial del Estado (BOE), gran parte de la población se ha llevado las manos a la cabeza por una posible subida del precio de la luz.
El Real Decreto ley 17/2019 NO IMPLICA una subida de la luz, lo que hace es corregir una posible injusticia y dar estabilidad al sector fotovoltaico y renovable. De hecho, la tarifa oficial ha bajado en un 6% en los últimos 12 meses si lo comparamos con el 2018.
Una transición energética justa para todos
Sin duda, el Real Decreto ley supone un impulso para una transición energética más justa socialmente. El Ministerio para la Transición Ecológica podrá regular procedimientos y establecer requisitos para que se tengan en cuenta ciertos aspectos aspectos sociales, como la creación de empleo, económicos y medioambientales.
Además, en el decreto también se habla sobre la concesión del uso de aguas asociadas a las centrales que cierran. En él se establece que dicha agua podrá estar destinada a iniciativas y proyectos en el área geográfica donde se sitúan las centrales que se han cerrado, priorizando el abastecimiento de la población por encima del resto de proyectos.
Un impulso para la energía fotovoltaica
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ya ha manifestado su alegría por el nuevo Real Decreto ley. «La fotovoltaica puede jugar un papel importante en aquellas zonas cuya economía está relacionada con los combustibles fósiles, al generar empleo local y cualificado, tanto en su vertiente de grandes proyectos, como en autoconsumo», aseguran fuentes cercanas a la UNEF.
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